La iniciativa fue presentada por la empresa estadounidense Meitner Energy; sería en el marco del Súper RIGI; crearía alrededor de 2000 trabajos
El Gobierno anunció hoy la construcción de un reactor nuclear en el país a través de capitales privados con una inversión de US$1200 millones. Por el monto, prevén que sería admisible en el marco del Súper RIGI. El plazo previsto para la construcción es de aproximadamente cinco años.
Tal como anticipó LA NACION el último domingo, el Poder Ejecutivo confirmó hoy que la empresa que presentó la iniciativa es la estadounidense Meitner Energy. El reactor se construiría en el sitio Atucha de Nucleoeléctrica, esto es, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate.
El anuncio fue realizado en un encuentro en el Ministerio de Economía con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, y el CEO de Meitner Energy, Teófilo Lacroze (exejecutivo de Shell), junto con referentes del sector nuclear.
Detrás de esta apuesta surge el Grupo Ansari conducido por Hamid Ansari, un magnate emprendedor de origen iraní, pero largamente asentado en Estados Unidos, que busca apostar por el sector nuclear en la Argentina.
Ansari, como describió este medio, es un buscador serial de oportunidades tecnológicas. Una de sus iniciativas le permitió a Elon Musk conseguir algunos de los primeros millones de dólares con los que el empresario creó SpaceX, la compañía que está cambiando los viajes al espacio.
El proyecto contempla la construcción del ACR-300, un reactor SMR de Generación III+ y tecnología PWR, con una potencia aproximada de 300 MWe, informaron fuentes oficiales y agregaron que “se trata de un diseño de ingenieros argentinos”. La construcción dará origen al primer proyecto First of a Kind (FOAK) de este diseño a nivel mundial. “Esto es importante porque no se trata de un prototipo, sino de una primera versión comercial”, estimaron.
La Argentina tiene tres centrales nucleares. Atucha I (362 megavatios eléctricos de potencia), Atucha II (745 MWe) y Embalse (656 MWe).
La inversión estimada será financiada íntegramente con capitales privados. “El acuerdo otorga a Nucleoeléctrica Argentina el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la central en condiciones de mercado”, indicaron. Se informó además que Meitner Energy abonará un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos donde se emplazará la central.
El Gobierno estimó la creación de alrededor de 2000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación. El plazo previsto para la construcción es de aproximadamente cinco años, una vez aprobada la iniciativa por el Ministerio de Economía y obtenido el licenciamiento a cargo de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
La operación financiera, informaron, se estructuró en el marco de la Secretaría de Asuntos Nucleares, a cargo de Ramos Napoli, que ofició de nexo entre el inversor y las entidades del sector. “Los lineamientos de la política nuclear que rigen al sector establecen que su finalidad es producir, abastecer y exportar, y consagran al sector privado como socio del Estado en la ejecución, y no como una amenaza a su conducción. Bajo esos principios, una inversión como la de Meitner, que parte de una oportunidad comercial concreta y aporta capital, gestión y riesgo privados bajo la rectoría estatal, no es una excepción al modelo, sino su expresión más nítida”, indicaron.
La noticia se conoce luego de que esta semana la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se convirtiera en un campo de batalla, luego de que el Gobierno anunciara la no renovación de 61 contratos en el organismo en el marco del plan oficial para achicar el Estado. En ATE, dijeron que se trata de un desmantelamiento para privatizar el organismo.
“Por ser una institución estratégica, está custodiada por Gendarmería. El personal desvinculado ingresó ilegalmente al edificio y generó disturbios. Al verse desbordada, Gendarmería pidió refuerzos, incluidos vehículos blindados”, remarcaron desde la CNEA. Desde la Comisión agregaron que no se trata de despidos, sino de “61 contratos no renovados”, en su mayoría correspondientes a analistas y asistentes administrativos.
“No hubo despidos de ingenieros nucleares ni de personal técnico-especializado. El 100% de los desvinculados fueron ingresados en 2023 bajo la modalidad de contrato de plazo fijo (no planta), durante la presidencia de Adriana Serquis y 42 de los 61 desvinculados son personal que contaba solo con nivel secundario o primario”, añadieron.
El proyecto de Meitner, como contó LA NACION el domingo pasado, estuvo a punto de naufragar por una nueva interna en el Gobierno, esta vez entre el asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, y Demian Reidel, expresidente de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). El Grupo Internacional se quejó de Reidel. El funcionario terminó desplazado de NA-SA por un escándalo con polémicos gastos en las tarjetas de crédito del organismo. Luego se creó la Secretaría de Asuntos Nucleares, dirigida por Ramos Nápoli, que quedó bajo la órbita del ministro de Economía y tío segundo del asesor presidencial.