El presidente Javier Milei planteó modificar la Ley General de Sociedades para que entidades no humanas, operadas por inteligencia artificial, puedan tener personalidad jurídica. La iniciativa generó respuestas del historiador Yuval Noah Harari y abrió un debate global.
El presidente Javier Milei propuso actualizar la Ley General de Sociedades de Argentina para permitir la creación de sociedades operadas por inteligencia artificial (IA). La iniciativa fue publicada originalmente en el diario Financial Times y generó una respuesta del historiador israelí Yuval Noah Harari.
Milei sostuvo que las entidades no humanas podrían tener personalidad jurídica, responsabilidad limitada y capacidad de operar de forma autónoma mediante agentes de IA. Harari, por su parte, afirmó que otorgar esa personalidad jurídica a la IA implicaría ceder el control del sistema financiero, económico y político sin un responsable humano identificable.
El debate se centra en si la IA debe permanecer como una herramienta al servicio de personas y empresas o si puede actuar como actor económico independiente, con capacidad de celebrar contratos, poseer patrimonio, litigar y ejercer poder indirecto.
Actualmente existen sistemas autónomos como bots de trading, sistemas de pricing dinámico, campañas publicitarias automatizadas, organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) con tesorerías en blockchain y agentes que coordinan microempresas o aprueban créditos.
Entre los posibles beneficios mencionados por Milei se encuentran la coordinación eficiente de PyMEs, reducción de costos administrativos, operación continua y creación de vehículos de inversión más accesibles. Harari advirtió sobre riesgos como la posibilidad de que estas entidades arbitren regulaciones, muevan capital sin transparencia, litiguen sin límite o concentren poder similar al de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales.
En Argentina, el contexto incluye talento técnico, alta adopción de criptomonedas, comunidades activas de IA y una cultura emprendedora. Sin embargo, persisten debilidades estructurales como justicia lenta, presión fiscal compleja, capacidad regulatoria desigual e informalidad.
Milei planteó que la actualización legal es necesaria para adaptarse a un entorno tecnológico que supera el marco jurídico preinternet, pre-Bitcoin y pre-ChatGPT. Harari respondió que sin responsabilidad humana identificable, las entidades de IA podrían operar sin consecuencias legales efectivas.
El presidente convocó a tecnólogos, juristas, emprendedores, especialistas en ciberseguridad y al sector público para diseñar una ley que combine innovación con mecanismos de control, como responsables humanos identificables para funciones críticas, trazabilidad de decisiones, auditorías técnicas, capital mínimo, mecanismos de apagado y prohibiciones a financiamiento político opaco.