La formación política Vox pidió a los servicios jurídicos de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía que elaboren informes para determinar si la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, invade competencias autonómicas.
Vox solicitó a los servicios jurídicos de las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía la elaboración de informes para analizar si la aplicación de la ‘ley de nietos’ —disposición de la Ley de Memoria Democrática— supone una invasión de competencias autonómicas. La petición fue promovida por los vicepresidentes autonómicos de Vox en esas regiones: Carlos Pollán (Castilla y León), Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Manuel Gavira (Andalucía).
El partido que lidera Santiago Abascal sostiene que el proceso de nacionalización derivado de esta norma se desarrolla de forma «opaca y sin control alguno» y que facilita la incorporación «masiva y fraudulenta» de personas extranjeras al censo electoral. El Gobierno no comparte esas afirmaciones, según informaron fuentes oficiales.
Vox enmarca esta acción dentro de una ofensiva coordinada en los niveles local, autonómico, nacional y europeo. La formación ya había acudido al Tribunal Constitucional, a la Junta Electoral Central y a instituciones europeas para frenar los efectos de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Óscar Fernández, vicepresidente de Extremadura, fue el primero en hacer pública la estrategia. Afirmó que la formación utilizará todas las vías institucionales a su alcance para intentar impedir la aplicación de la norma.