El Senado está en receso, pero las negociaciones continúan. La Libertad Avanza busca los votos para aprobar la Inviolabilidad de la Propiedad Privada el próximo 6 de agosto, aunque el capítulo sobre tierras genera resistencia.
El Senado está en receso, pero la rosca sigue. Por estos días, toda la energía de La Libertad Avanza está puesta en negociar los votos para aprobar la Inviolabilidad de la Propiedad Privada el próximo 6 de agosto. Sin embargo, al menos al cierre de esta edición, los números están ajustados. El capítulo que más le interesa a Javier Milei es el que más resistencia genera: la modificación del límite de tierras que pueden comprar los extranjeros. El debate ya fracasó cuatro veces en la Cámara alta, pero eso no implica que se estén evaluando cambios sustanciales en el proyecto: “Ese tema queda como está porque es el corazón de la reforma”, respondieron a PERFIL cerca de Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario.
Los tres primeros intentos fueron en sesiones que naufragaron en medio del escándalo por Manuel Adorni. El cuarto sucedió luego de que Argentina le ganara a Inglaterra en el Mundial, cuando en plena negociación con los aliados se debatió la posibilidad de que el proyecto incluya la posibilidad de que las provincias tengan la potestad de establecer sus propias reglamentaciones al régimen de venta de tierras.
Según trascendió, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó cuestionamientos a la redacción de dicho artículo, lo que puso en duda el apoyo de los aliados (quienes, además, fueron sacudidos por una especie de fiebre de soberanía repentina post partido).
Bullrich pidió que el debate se postergara para el 6 de agosto y, al día siguiente de la sesión, se reunió con Sturzenegger para consensuar posiciones. “El ministro aceptó las modificaciones. Tenía algunas dudas, pero se las aclaramos. Le explicamos que los cambios tenían que ver con una mirada mucho más federal respecto del uso de la tierra”, aseguró la senadora, según reconstruyó La Nación.
En La Libertad Avanza sostienen que se intentará aprobar el proyecto tal cual está. “La idea es insistir en el texto que ya tenemos consensuado con mínimos retoques de forma”, aseguraron fuentes legislativas.
Sin embargo, los aliados aún no están convencidos: hay quienes cuestionan que los jefes de los bloques dialoguistas no hayan sido informados sobre qué se acordó en la reunión con Sturzenegger, otros temen que votar a favor del proyecto los exponga en sus propias provincias y otros definen sus posiciones de acuerdo a las negociaciones que están llevando adelante sus gobernadores.
Con la Ley de Tierras vigente se podrían vender en Argentina más de 26 millones de hectáreas a extranjeros, una cifra que equivale a dos veces el territorio de la provincia de Santa Fe. Bullrich sostiene que se trata de una cuestión de «derechos». Sin embargo, cuando se analiza el mapa de extranjerización de las tierras en Argentina se puede tener una pista de qué es lo que está en juego.
En diciembre de 2025, cuando el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció la intención del gobierno de avanzar con la iniciativa, el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires elaboró un mapa para conocer la cantidad de tierras extranjerizadas. Se trata de datos oficiales a los que el equipo accedió a través de pedidos de información al Registro Nacional de Tierras Rurales.
A nivel nacional, el Observatorio de Tierras detectó que en la actualidad hay 13 millones de hectáreas que pertenecen a empresas o personas extranjeras. El número representa el 5% de la superficie del país, un número que está por debajo del 15% permitido por la ley sancionada en 2011. Sin embargo, es solo un promedio, ya que cuando se pone la lupa en determinados territorios, sobre todos las zonas fronterizas o ricas en recursos naturales, la situación es crítica.
En total, hay 36 departamentos donde se supera el 15%. En Lacar, Neuquén, más de la mitad del suelo (el 54%) pertenece a dueños extranjeros. “Entendemos que se busca eliminar los límites porque en los departamentos que están en zonas estratégicas, donde ya se superó el tope, no habría posibilidad de que se compre más. Y ahí es donde está el interés”, aseguró a PERFIL Pablo Volkind, uno de los coordinadores del Observatorio de Tierras.
Si bien el oficialismo intenta instalar la versión de la “libertad” y de los “derechos”, la ley vigente todavía habilita un amplio margen para nuevas compras por parte de capitales extranjero. Es más, según Volkind, los datos oficiales sirven para tener una idea, pero son apenas un piso de la cantidad de hectáreas que está en manos foráneas.
El Registro Nacional de Tierras fue creado en 2011 (cuando se impuso el tope del 15%) como un mecanismo para poner freno a la extranjerización que había comenzado en los ‘90. Al no ser retroactiva, la ley no pudo hacer nada con los departamentos en los que ya se había superado el límite. El registro se nutre con la información que se le solicita a los catastros provinciales, donde se inscriben los procesos de compra y venta.
“Hay un subregistro. Según un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el funcionamiento de la Ley de Tierras y del Registro Nacional de Tierras Rurales, desde 2017 hasta ahora prácticamente no se hicieron pedidos de informes a los catastros provinciales. Por lo tanto, la base no está actualizada”, explicó Volking. Y agregó: “En 2015 un registro estableció que había 15 millones de hectáreas en manos extranjeras. Y en 2025, de acuerdo a la información que nos entregaron a nosotros, la cantidad era de 13.200.000. Y todos sabemos que en estos 10 años la extranjerización se incrementó, no decreció”.
El experto sumó otro dato: el Registro Nacional de Tierras Rurales, con los datos de los catastros locales, solo releva las compras y ventas. “Hay provincias donde aparecen los capitales chinos de forma bastante difusa porque no compran, sino que concesionan o arriendan. Sucede algo parecido con los saudíes”, contó.
La incomodidad de los aliados es manifiesta aunque, por ahora, la mayoría se mantiene en silencio. En off, algunos senadores plantean sus dudas sobre el proyecto aunque aún no hubo un rechazo público claro. En la última sesión frustrada hasta último momento hubo dudas incluso sobre si el oficialismo iba a lograr el quórum. De todas formas, los libertarios, hábiles negociadores, todavía no tiraron la toalla.
En el poroteo entran en juego diversos factores. En los últimos días su supo, por ejemplo, que la interna entre el gobernador misionero Hugo Passalacqua y su histórico jefe político, Carlos Rovira, puede tener un impacto directo en la próxima sesión.
Passalacqua se opone a la ley. En 90% de los límites provinciales son frontera con Brasil y Paraguay y el temor de la dirigencia es perder reservas de biodiversidad y recursos hídricos estratégicos. Al mismo tiempo, a nivel local hay un fuerte conflicto con el sector yerbatero, que cuestiona la llegada de capitales extranjeros. Rovira, en cambio, está a favor de acompañar la iniciativa mileísta.
Según publicó Infobae, los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut quedaron en medio de esta pelea y se espera que el 6 hagan un doble juego. Al parecer, bajarían al recinto para votar a favor el proyecto en general, alineados con Rovira, pero votarían en contra del capítulo de tierras, como guiño a Passalacqua. PERFIL intentó comunicarse con los legisladores, pero no obtuvo respuesta.
El de los misioneros es apenas un ejemplo del clima con el que los senadores atraviesan el receso legislativo. Hay quienes creen que la posibilidad de que las provincias fijen sus propios límites podría convencer a algunos gobernadores. Sin embargo, este punto genera máxima preocupación en la oposición y en los especialistas, que advierten las dificultades de acceso a la información y la opacidad con la que suelen avanzar los negocios en las jurisdicciones.
En los pasillos del Congreso también se habla de otra prenda de negociación: el proyecto mileísta solo le pone límites a las empresas estatales y a los Estados Extranjeros. Se trata de una dificultad para los gobernadores de provincias que reciben capitales chinos.
Con ese escenario, el oficialismo llega al 6 de agosto sin los votos completamente asegurados. Mientras los libertarios mantienen negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para preservar el capítulo más controvertido de la reforma, la definición seguirá dependiendo de acuerdos de último momento y de un poroteo que, hasta ahora, permanece abierto.