La justicia de Venezuela cerró de manera definitiva el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y le otorgó la libertad plena, según informó su familia este viernes.
La justicia de Venezuela cerró de manera definitiva el caso de la jueza María Lourdes Afiuni y le otorgó la libertad plena, según informó su familia este viernes.
A través de un comunicado conjunto, el hermano de la magistrada, Nelson Afiuni, y la representante legal de la familia, Thelma Fernández, afirmaron que la resolución «pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir».
La detención de la funcionaria judicial se produjo en diciembre de 2009, luego de que le otorgara la libertad bajo fianza a un banquero, oportunidad en la que el entonces mandatario venezolano solicitó públicamente la pena máxima de 30 años de prisión al acusarla de haber facilitado la posterior fuga del empresario fuera del país.
La magistrada permaneció recluida en un establecimiento penitenciario hasta el año 2011, momento en que se le concedió el beneficio del arresto domiciliario, para luego obtener la libertad condicional en 2013. Posteriormente, en 2019, resultó condenada a cinco años de prisión por la figura de «corrupción espiritual», un cargo mediante el cual la propia fiscalía reconoció que la acusada no había obtenido ningún tipo de beneficio económico.
Hasta la emisión de la presente medida, Afiuni se encontraba sujeta a un régimen de libertad condicional que, de acuerdo con el testimonio de sus allegados, incluía la prohibición expresa de abandonar la ciudad, emitir declaraciones ante los medios de comunicación o en redes sociales y ejercer el derecho al voto, además de mantener la inhabilitación política y la denegación del pasaporte.
Ante la resolución adoptada por el tribunal, sus allegados remarcaron que el cierre del expediente y la consecución de la libertad absoluta representaron «el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso».
Al respecto, ampliaron que «durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela», al tiempo que aclararon que la clausura formal de la causa «no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados».
En el mismo pronunciamiento, sostuvieron que el proceso tramitado «permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad».
En ese sentido, expresaron que «ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Una justicia independiente solo puede existir cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación, presiones o represalias».
Finalmente, manifestaron su confianza en que el fallo «marque también el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse».
El dictamen dictado a favor de Afiuni se sumó a las medidas adoptadas durante el presente año, en el que cientos de presos políticos resultaron excarcelados y a miles de personas se les levantaron las restricciones vigentes sobre su libertad.
Estos hechos fueron encuadrados por las propias autoridades venezolanas dentro de lo que definieron como un «nuevo momento» en la situación institucional del país, tras la captura de Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas por parte de las fuerzas de Estados Unidos, ocurrida en enero pasado.