El oficialismo analizó la jornada de huelga de los gremios universitarios y aseguró que la medida tuvo un carácter político, en el marco del reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Buenos Aires, 12 agosto (NA) — “Muy político, los gremios ya están jugando con la dirigencia opositora, directamente”, evaluó una fuente libertaria de primer nivel sobre el nuevo paro universitario que se realizó este miércoles.
Fue la expresión de un Gobierno que insiste en que los sindicatos avanzaron con una huelga sin motivos concretos.
En diálogo con Agencia Noticias Argentinas, la misma fuente enumeró que el oficialismo hizo todo lo posible y lo que estaba al alcance de acuerdo a la normativa que consagra una paritaria.
Esto representa el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el pasado 10 de junio con los gremios docentes y no docentes universitarios.
Dicha acta consagra un cuarto intermedio que terminará los primeros días de septiembre, cuando se vuelvan a reunir para discutir una actualización de haberes.
De hecho, en la gestión Javier Milei recuerdan que se rubricaron aumentos salariales por encima de la inflación. «Los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecido oportunamente», aportaron desde Capital Humano.
E insisten en que los gremios, sin aval de los rectores, establecieron una medida de fuerza en plena sincronización “con el kirchnerismo”. “Quisieron aprovechar lo que pasó con la ley de Tierras, Malvinas, la marcha de los científicos, y armaron este paro. Pero les salió mal porque prácticamente no influyó en el dictado de clases”, plantearon.
“Solo se sintió en la Ciudad de Buenos Aires gracias a la Universidad de Buenos Aires pero en el interior las clases se realizaron con normalidad, no tuvo correlato”, agregaron acerca de la protesta en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Acerca de la normativa judicializada, en el Gobierno hay confianza de que la Justicia resuelva a favor el reclamo y no se aplique la normativa que “rompe el equilibrio fiscal”. No obstante, según pudo saber este medio, hay fondos suficientes y previstos en el ministerio de Capital Humano, a cargo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, para cumplir con la cautelar que impulsó la UBA. La casa de estudio acudió a la Justicia para que se cumpla con la normativa que determina alzas salariales para recomponer los ingresos de los trabajadores de las facultades y la recomposición de programas de becas.
A propósito, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto en esta causa. La intención es que las partes alcancen un entendimiento, algo que parece poco probable.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó que la cautelar debe quedar firme y el Poder Ejecutivo debe cumplir con el texto que tuvo aprobación parlamentaria. Pero asistirá a la convocatoria que diagramó el magistrado.