Cristian Pereyra fue asesinado a tiros por un oficial bonaerense el 15 de marzo. El policía Matías Alejandro Vizgarra Riveros fue enviado a juicio por homicidio y robo. La familia solicita una instrucción suplementaria para identificar a otros posibles implicados y recuperar mensajes borrados del teléfono del imputado.
En una casa del barrio La Foresta, en Virrey del Pino, partido de La Matanza, José Pereyra sale cada mañana al fondo de la vivienda, donde funciona un taller. Enciende las luces, observa objetos como un auto desvencijado y un par de zapatillas talle 49, y sintoniza una emisora de radio a volumen alto. Luego regresa a la casa y calienta agua para el mate. Escuchar el murmullo del taller, según relató su hija Victoria, le genera un alivio que no puede explicar.
«Mi papá es jubilado y lo primero que hace cuando se levanta es ir al taller de Cristian y poner la radio que siempre escuchaban juntos. La deja todo el día prendida porque así cree que todavía lo tiene trabajando en el fondo de casa», afirmó Victoria, hija de José y hermana de Cristian Eduardo Pereyra.
Cristian Pereyra, docente de una escuela técnica, fue asesinado el 15 de marzo pasado mientras trabajaba como conductor de una aplicación para incrementar sus ingresos. La familia —José, su esposa Carmen y las gemelas Victoria y Brenda— sostiene que, aunque las pruebas en la causa identifican al policía bonaerense Matías Alejandro Vizgarra Riveros como autor de los cinco disparos, faltan investigar otros posibles implicados.
«La historia de cómo mataron a mi hermano nos quedó inconclusa; creemos que están implicados otros policías y que los están encubriendo muy bien», declaró Victoria.
Según consta en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, la madrugada del 15 de marzo Vizgarra Riveros no estaba de servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12, en La Matanza. Cerca de su casa, en el kilómetro 39 de Virrey del Pino, solicitó un viaje a través de la plataforma Didi. Cristian Pereyra aceptó el llamado.
Sobre la autopista Presidente Perón, mano a Ezeiza, Pereyra recibió cinco disparos. «Soy chofer de DiDi. Me robaron el auto», fueron las últimas palabras que pronunció cuando la policía, alertada por un llamado al 911, llegó al lugar donde yacía agonizante. Luego murió. El agresor escapó con el Chevrolet Corsa II y pertenencias de la víctima, incluido su teléfono celular.
El cuerpo de Pereyra presentaba 10 orificios de bala, cinco de entrada y cuatro de salida. «Un proyectil quedó alojado en el cuerpo y fue extraído en la operación de autopsia», informaron voceros consultados.
De acuerdo con la Justicia, Vizgarra disparó con su arma reglamentaria, una pistola Bersa TPR9, número de serie 13-L65603. Tras el crimen, robó el auto y se dirigió a trabajar. Horas después fue detenido.
«Nos parece que el caso de mi hermano se elevó a juicio muy rápido. Por ejemplo, el peritaje del celular de Vizgarra consta de una sola página. Ahí figura que hizo varios llamados, pero nunca le atendieron. Por la declaración testimonial de un policía que hace adicionales en el Hospital Simplemente Evita de González Catán nos enteramos de que Vizgarra, después de dispararle a mi hermano, le mandó un mensaje preguntándole si había llegado a la guardia un herido de bala. Ese mensaje no estaba en el celular de Vizgarra; eso quiere decir que borró información», sostuvo Victoria.
Pedido de instrucción suplementaria
A través del abogado Roberto Torres, la familia Pereyra solicitó una instrucción suplementaria, una medida probatoria excepcional previa al juicio, para que la compañía telefónica proporcione los nombres de los usuarios de las líneas a las que Vizgarra llamó en reiteradas oportunidades e incorporarlos a la causa como testigos. Además, se pidió ampliar la pericia al celular para recuperar mensajes borrados de WhatsApp e Instagram.
«Ya tenemos elementos de prueba suficientes para acreditar la autoría material, pero nos falta entender el contexto. Sabemos que Vizgarra trabajó hasta el mes de febrero en el Hospital Simplemente Evita, así que fue compañero del policía al que llamó luego del asesinato. También descubrimos que jugaba a la pelota con policías de la comisaría que intervino en el hecho, por lo que tiene contactos que podrían entorpecer la investigación», explicó el abogado Torres.
Victoria agregó: «Otro policía filmó a mi hermano muerto en la autopista. Tuvieron que dar de baja el video en redes porque amenazamos con denunciarlo».
El 11 de septiembre, Día del Maestro, Cristian habría cumplido 40 años. Había comenzado a trabajar como chofer nocturno porque su salario docente no le alcanzaba para pagar el alquiler y cubrir los gastos de Olivia, su hija de tres años. El 21 de septiembre está prevista la próxima audiencia donde se discutirá la prueba a presentar durante el debate oral, que posiblemente se realice este año.
«Te soy sincera —dijo Victoria—, todos nos quedamos estancados en ese 15 de marzo; mi papá tenía la costumbre de ir a caminar, pero ya no sale, y mi mamá todos los días tiene que contener a la nieta, que le dice que está enojada con el papá porque nunca está con ella. Nosotras, como hermanas, también estamos destruidas porque Cristian era el mayor, nuestra protección; él siempre nos daba una mano. Por ejemplo, ahora se me rompió el auto y él me lo hubiera arreglado. Es muy difícil seguir adelante cuando te arrebatan la vida de alguien que amas».
Prisión preventiva y elevación a juicio
El juez de Garantías N° 5 de La Matanza, Gustavo Banco, dictó la prisión preventiva de Vizgarra Riveros por el homicidio de Pereyra.
La fiscalía a cargo de Adrián Arribas formuló el requerimiento de elevación a juicio y solicitó que el policía sea juzgado por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser criminis causae. Ante la gravedad del hecho y la expectativa de pena de prisión perpetua, el juez ratificó el peligro de fuga y ordenó el traslado de Vizgarra a un pabellón destinado a personal policial en conflicto con la ley en un establecimiento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
«En ejecución de un designio previamente orientado al desapoderamiento ilegítimo, el imputado generó las condiciones para consumar el ilícito patrimonial, abusando de la confianza de la víctima en la relación contractual temporaria previamente asumida por ambos. Fue entonces cuando, con pleno dominio de la situación y aprovechando esa relación que lo unía momentáneamente a Cristian Eduardo Pereyra, Vizgarra Riveros desplegó una conducta violenta de máxima intensidad, dirigiendo contra aquél una agresión letal», argumentó el fiscal.
Respecto de las pruebas, el fiscal ponderó que «la secuencia fáctica descripta se encuentra robustamente respaldada por la evidencia colectada a lo largo de la investigación, la cual, valorada de manera integral y armónica, permite reconstruir no solo el itinerario previo al hecho, sino también la mecánica comisiva y la clara direccionalidad del accionar desplegado por el encausado».
En su pedido de elevación a juicio, Arribas concluyó que «el suceso aquí ventilado revela un cuadro de extrema gravedad, en el cual la víctima fue seleccionada y colocada en una situación fácilmente vulnerable, siendo finalmente privada de su vida como consecuencia de un accionar deliberado, funcional a la concreción de un ilícito patrimonial y a la procuración de la impunidad de su autor».