La diputada nacional Marcela Pagano afirmó en una entrevista radial que en la residencia presidencial se practican rituales umbanda y que existe un freezer destinado a congelar nombres de personas. Sus dichos se enmarcan en la denuncia por compras de alimentos y la posterior reorganización de la Quinta de Olivos.
La denuncia por las compras de alimentos destinadas a la Quinta Presidencial de Olivos continuó durante los últimos días con nuevas declaraciones de la diputada nacional Marcela Pagano. En una entrevista radial para Radio con Vos, la legisladora se refirió a supuestas prácticas esotéricas en la residencia presidencial y sostuvo: “Hay unos rituales que se hacen dentro de Olivos. Belén Agudiez, tengo entendido, practicaba la religión umbanda y que se hacían rituales, sobre todo en lunas llenas”.
Pagano agregó: “Hay un freezer que está destinado a congelar nombres, apellidos, direcciones y DNI de personas que le molestarían a Karina Milei”. Mencionó que uno de esos nombres correspondería a la legisladora Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza.
La diputada del Bloque Coherencia aclaró que ella no cree en esas prácticas, pero afirmó haber recibido esa información de personas que, según dijo, trabajaban o conocían el funcionamiento interno de la residencia. “Yo en esas cosas no creo, pero sí te puedo decir que hay robos y hay rituales”, declaró. También sostuvo que la información provenía de personas que habrían trabajado en la Quinta de Olivos y relacionó esos supuestos rituales con el clima interno alrededor de la Secretaría General de la Presidencia.
Los dichos sobre rituales umbanda y “nombres congelados” no fueron acompañados por pruebas públicas ni por documentación presentada en la causa judicial conocida como “el escándalo de las carnes en Olivos” hasta el momento.
La investigación impulsada por Pagano se basó en el análisis de pliegos de contratación publicados por la Secretaría General de la Presidencia. Según la legisladora, la documentación mostraba compras de alimentos cuyos volúmenes resultaban incompatibles con el consumo habitual de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos. El punto que generó mayor impacto fue la licitación para adquirir 29.505 kilos de carne para un período de seis meses, de los cuales 9.135 kilos estaban destinados exclusivamente a la residencia presidencial de Olivos. La diputada sostuvo que esos números no “cerraban” y planteó interrogantes sobre el destino de esa mercadería, además de señalar diferencias en otras compras de productos como harina, dulce de leche, mostaza, bananas y distintos insumos gastronómicos.
La legisladora apuntó contra la exsubsecretaria de Planificación General de la Presidencia, María Belén Agudiez, y contra personas de su entorno familiar, a quienes relacionó con un servicio privado de catering que, según su denuncia, habría sido beneficiado con contrataciones y utilización de alimentos adquiridos con fondos públicos. Pagano aseguró que “el 60 por ciento de los alimentos que se compraban iban a la mano derecha de Karina Milei y eran utilizados por personal contratado del Estado para ese catering familiar”. Esas afirmaciones forman parte de una denuncia judicial y no constituyen hechos probados.
Mientras las denuncias tomaban estado público, el Gobierno anunció una decisión que modificó el funcionamiento de Olivos. La Casa Rosada informó el despido de la mayor parte del personal civil que administraba la residencia presidencial y comunicó que esas funciones pasarían a depender de la Casa Militar, organismo encargado históricamente de la custodia del Presidente. El argumento oficial fue reforzar la seguridad de la Quinta “en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global” y por razones vinculadas a la protección presidencial.
La reestructuración incluyó cambios en la administración de ingresos y egresos de proveedores, controles sobre alimentos, bebidas y mercadería, restricciones para visitantes, revisión de accesos y un esquema más estricto de circulación dentro del predio. También trascendió que se instalaron nuevos puestos de vigilancia, se incrementó la presencia de efectivos y se redujo el número de personas autorizadas para ingresar a sectores sensibles de la residencia presidencial.
Las medidas generaron un debate porque distintos periodistas interpretaron que la reorganización era consecuencia directa de la filtración de información sobre las compras de alimentos y del acceso que tenía el personal despedido a documentación interna de Olivos.
En paralelo, la salida de María Belén Agudiez de la Subsecretaría de Planificación General alimentó nuevas especulaciones. Su renuncia fue aceptada mediante decreto con vigencia desde el 20 de septiembre y coincidió temporalmente con la reorganización administrativa de Olivos y con la militarización de la residencia presidencial.
De esa manera, el “escándalo de las carnes en Olivos” pasó de ser una discusión sobre licitaciones de alimentos a convertirse en una nueva crisis en el corazón del Ejecutivo que combinó denuncias judiciales por presuntas compras irregulares, cambios en la administración de la residencia presidencial, despidos de personal civil, el traspaso del control de Olivos a la Casa Militar y el endurecimiento del esquema de seguridad presidencial.