Este martes se realizará la audiencia de control de detención contra los dos adultos acusados del homicidio agravado del menor. El padre del niño y su abogado anunciaron acciones legales contra el juez y profesionales que avalaron la revinculación.
Los tribunales penales del barrio Roca, en Comodoro Rivadavia, serán escenario esta mañana de la audiencia de control de detención contra Mariela Altamirano y su pareja, Michel Kevin González. Ambos están detenidos desde el domingo a la noche como presuntos responsables de la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció la semana pasada tras sufrir una descompensación en el hospital regional de la ciudad chubutense, aparentemente producto de golpes.
El fiscal general Facundo Oribones y el fiscal jefe Cristian Olazábal presentarán el caso y las pruebas para sostener la prisión de los sospechosos ante el juez penal Alejandro Solís. En esa instancia, quedarán formalmente acusados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, que tiene como pena la prisión perpetua.
“Vamos a ir por todo, como siempre. La muerte de mi hijo no va a quedar así. Todos los culpables tendrán que pagar”, declaró Luis López, padre del niño, a la salida de los tribunales, acompañado por su abogado, Roberto Castillo.
La ofensiva legal no se limitaría a los dos detenidos. Según adelantó el letrado a cargo de la querella, se incluye un pedido de juicio político contra el juez de Familia Pablo Pérez, quien firmó el fallo que ordenó la revinculación de Ángel con su madre, y denuncias penales contra las psicólogas y demás profesionales del equipo técnico interdisciplinario que participaron del expediente civil y respaldaron los argumentos para que la madre biológica obtuviera la guarda del niño.
“Sin su firma, Ángel estaría entre nosotros”, sostuvo el abogado Castillo para justificar la intención de promover un jury de enjuiciamiento contra el juez Pérez.
El letrado afirmó que existe abundante prueba para sustentar la acusación de homicidio. Mencionó una entrevista que la mujer dio a un medio local, en la que “dijo que supervisaba cómo respiraba Ángel, algo que no es normal a los cuatro o cinco años”, sugiriendo que podría haberlo hecho porque sabía que al chico le pegaba su pareja. “No cuenta algo que pasó antes de eso. Y aparecen testigos que complementan lo que no está contando públicamente”, explicó Castillo.
El fiscal Olazábal confirmó que, a partir del informe preliminar de la autopsia y de testimonios obtenidos, se logró “consolidar una hipótesis más firme sobre lo ocurrido”. Presuntamente, se trataría de golpes que el niño habría sufrido entre el 2 y el 5 de este mes. La prueba forense fue determinante para solicitar las detenciones.
En el informe preliminar de la necropsia se describieron lesiones internas y externas compatibles con lo que el representante del Ministerio Público definió como “síndrome del niño maltratado”. Una de las revelaciones fue la detección de 22 traumatismos internos en la cabeza de Ángel, algunos de los cuales tendrían una data de unos diez días. Olazábal aclaró que se trata de lesiones internas que no presentan una correlación visible con marcas externas.
Por otra parte, el abogado de la querella denunció públicamente que “están sufriendo amenazas los testigos del barrio donde vivían los homicidas”. “Es una persona que está amedrentando a los testigos”, afirmó Castillo, quien consideró que los imputados “son un riesgo incluso teniendo una criatura de unos cuantos meses al cuidado de unos criminales”, en referencia a una bebé de seis meses.