A través de una nueva acordada, el máximo tribunal busca establecer criterios objetivos de mérito e idoneidad en los concursos para magistrados, con evaluaciones técnicas, psicológicas y éticas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada 4/2026 con el objetivo de promover reformas reglamentarias para mejorar la eficacia, transparencia y agilidad en los procesos de selección de magistrados. El proyecto busca que el acceso a la función judicial se base en criterios objetivos de mérito e idoneidad, fortaleciendo la independencia del Poder Judicial.
El nuevo reglamento estructura el proceso en torno a diversas dimensiones de la idoneidad. La idoneidad técnica y jurídica se evalúa en dos etapas: una general automatizada que mide conocimientos básicos, y una especial centrada en el razonamiento jurídico y la resolución práctica de casos, que incluye la redacción de una sentencia.
Para evitar que en la evaluación de antecedentes se privilegie el recorrido burocrático por sobre el mérito real, se establecen pautas objetivas y uniformes. Asimismo, se exigen exámenes psicológicos y psicotécnicos para verificar la aptitud física y psíquica de los postulantes.
En cuanto a la idoneidad ética, el reglamento sanciona la presentación de información falsa con la exclusión e inhabilitación del candidato, y prevé la remoción de jurados que incurran en conductas contrarias a la ética. La entrevista personal, cuyo peso se limita a un 10% del puntaje total, evalúa aptitudes personales, compromiso con valores democráticos y sentido ético, sin volver a examinar conocimientos teóricos.
Otra innovación son los «concursos anticipados», que permiten planificar la cobertura de vacantes con mayor anticipación, reduciendo la influencia de coyunturas políticas y favoreciendo un sistema más regular y previsible.
Expertos de la Universidad Austral, como el Dr. Vigo y la Dra. Gattinoni, destacaron que estas regulaciones marcan un avance hacia un sistema de selección basado en la independencia judicial, la idoneidad y la transparencia, consolidando un modelo institucional acorde con los principios del Estado de Derecho.