El 29 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará dos casos que definirán el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes de Haití y Siria.
El miércoles 29 de abril es la fecha programada por la Corte Suprema de Estados Unidos para escuchar los casos Trump v. Miot y Mullin v. Doe, que decidirán el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS). Los magistrados deberán determinar si el gobierno federal tiene la autoridad para eliminar las protecciones a los migrantes de países que sufren desastres naturales o conflictos bélicos.
La decisión de la Corte Suprema se produce después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir el alcance del programa, lo que pone a miles de beneficiarios en riesgo de ser deportados. El caso llegó al máximo tribunal como el último capítulo de una disputa judicial surgida por la decisión de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de terminar las designaciones de TPS para 13 países, incluidos Haití y Siria.
El caso Doe se enfoca en ciudadanos sirios que denuncian que su país sigue sumido en la inestabilidad tras la guerra civil, mientras que Miot involucra a haitianos que temen regresar a una nación controlada en gran parte por bandas criminales. A diferencia de otros fallos recientes, la Corte decidió no suspender las decisiones de tribunales inferiores que favorecían a los migrantes mientras resuelve la cuestión de fondo.
Según la analista Linda Greenhouse en The New York Times, este gesto sugiere un posible revés para la Casa Blanca. “La sorpresa no fue que la Corte aceptara decidir, sino que rechazara la solicitud de la administración de pausar inmediatamente las decisiones de los tribunales de distrito”. Esto permite que, hasta el fallo final, unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios mantengan sus permisos de trabajo y protección contra la deportación.
El tema central del debate jurídico es si los tribunales están facultados para examinar las resoluciones que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) haya tomado en relación con el TPS. Los demandantes sostienen que el gobierno incurrió en errores de procedimiento que son fiscalizables por los jueces. Según un estudio de Vox, los abogados de los inmigrantes afirman que la administración solo intercambió correos electrónicos informales con otras agencias del gobierno y no hizo las consultas necesarias.
Aunque los demandantes asumen que es difícil desafiar decisiones del DHS sobre los países que integran la lista del TPS, insisten en que los pasos de procedimiento inscritos en la ley de inmigración deben cumplirse obligatoriamente. Si la Corte Suprema falla a favor de los migrantes, la victoria podría ser solo un alivio temporal. Un fallo basado en “errores de papeleo” podría derivar en que el actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reinicie el proceso de cancelación siguiendo los protocolos correctos. Pese a esto, para los beneficiarios, cada día de vigencia del programa representa una oportunidad para permanecer en EE.UU. lejos de zonas de peligro.