La Argentina enfrenta un desafío central: la falta de un consenso macroeconómico que trascienda los cambios de gobierno. El plan de Javier Milei avanza, pero las dudas sobre su sostenibilidad electoral y social crecen.
La Argentina tiene un problema central, y es complicado, hasta ahora sin solución: es el problema de la falta de un consenso macroeconómico transversal a la política, no importa quién esté en el poder. Es decir, es el riesgo permanente de que los logros necesarios, aunque no suficientes, de la racionalidad macroeconómica de las gestiones no peronistas se licuen en las alternancias peronistas y sus variantes kirchneristas o filokirchneristas.
Este 2026 ya empieza a anticipar ambiciones electorales de la oposición más dura: las deudas que va dejando pendientes la gestión mileísta le abren rendijas al kirchnerismo, de Axel Kicillof a Máximo Kirchner, por donde busca colar su sueño de regreso al poder.
Desde el cuadrante de centro derecha se plantean dos salidas para gambetear ese riesgo. Una, la reelección presidencial de Javier Milei como garantía de continuidad del rumbo económico. La segunda, un consenso transversal interpartidario con eje en la racionalidad macro. El exdiputado de Pro y actual presidente del think tank Cippec, Luciano Laspina, lo llama “consenso preideológico” que incluya “el compromiso de respetar contratos, sostener el equilibrio fiscal y eliminar el financiamiento monetario del déficit”.
Esas dos opciones disparan preguntas. En relación al consenso macro a la Laspina, la pregunta dice así: ¿es posible un “moncloísmo” macroeconómico con una oposición kirchnerista que en su ADN tiene codificado la desestabilización macro? La pregunta se vuelve más pertinente en medio de las investigaciones judiciales por las SIRA y el dólar blue durante la gestión económica de Sergio Massa, presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Esa maquinaria de corrupción parece representar una escalada en la clásica corrupción del Estado protagonizada por el kirchnerismo. Se trata de la misma apropiación ilegal de los recursos del Estado pero ya no vía la obra pública. Ahora se da a través de la creación de un nuevo mercado regulado: el mercado del dólar con el cepo y las SIRA generando discrecionalidad, peajes y apropiación ilegal de riqueza para el poder kirchnerista y el empresariado funcional. Las decisiones macroeconómicas kirchneristas como plataforma para la corrupción.
¿Es posible un consenso macro con un kirchnerismo que usa la política macroeconómica y los incentivos cambiarios y de comercio exterior como oportunidad para la corrupción? En relación a la renovación del mandato de Milei, ¿la única manera de sostener los cimientos macroeconómicos racionales que intenta consolidar el Plan Milei-Luis Caputo es garantizando un triunfo electoral mileísta? ¿La hegemonía electoral sostenida y eterna del mileísmo o de otra variante de la centro derecha económica es una salida realista, o habla de una limitación del plan y sus efectos?
El desafío de la sostenibilidad macroeconómica interpela a todos: en el caso del oficialismo libertario, porque expone sus debilidades. Agitar “el riesgo kuka” es un indicio de algún tipo de debilidad del plan económico: para ganar una elección, debería bastar con éxitos incuestionables del plan. El miedo a la alternancia pone signos de interrogación respecto de la viabilidad y sostenibilidad social del plan económico.
Si un triunfo electoral es lo único que garantiza la continuidad de la estabilización macroeconómica, el futuro está complicado: en algún momento, las hegemonías políticas se terminan y llega la hora de la alternancia. Una macroeconomía sostenible debería ser a prueba de derrotas electorales. Es decir, que aún cuando haya alternancia política, el éxito del plan económico del partido saliente genere incentivos para continuarlo.
El problema actual del plan Milei-Caputo pasa por ahí: el riesgo es que los efectos colaterales negativos que hoy pesan sobre el salario real, el empleo, la actividad económica y la industria produzcan un rechazo electoral de la estabilización macro necesaria y frenen su consolidación. El Gobierno atraviesa meses críticos en la consideración de la opinión pública. El último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que acaba de publicar la Universidad Di Tella, muestra una caída del 12,1 por ciento respecto de marzo, lo que representa cuatro meses de caída del ICG en lo que va de 2026. La caída interanual es del 13,2 por ciento.
La economía real sigue mostrando datos que cuestionan directamente al plan económico. El porcentaje de pymes que redujo personal en los últimos seis meses subió al 41,9 por ciento, según la encuesta semestral de expectativas pyme del IAE Business School. Respecto de las expectativas, el 31,1 por ciento de las pymes dice que “probablemente” reducirá personal en los próximos seis meses y un 18,5 por ciento asegura tener la decisión tomada. “Un salto relevante respecto de mediciones anteriores”, señala el informe.
La Argentina de Milei es un caso testigo respecto de los dos desafíos que enfrenta la racionalidad macroeconómica cuando intenta desembarcar en la Argentina. El primero se da en relación a las chances electorales de la continuidad del plan; el segundo, en la capacidad de generar un consenso que lo blinde ante futuras alternancias.