El gobernador Gavin Newsom activa una normativa que busca facilitar la construcción de departamentos en zonas con déficit habitacional, con especial foco en San Francisco y Los Ángeles.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha puesto en práctica la ley SB 135, una normativa aprobada en 2017 que busca promover la construcción de viviendas asequibles en el estado. La medida, que hasta ahora no se había implementado, cobra relevancia en un contexto de crisis habitacional y alta demanda en zonas densamente pobladas.
Según informes de medios locales, la ley permite a los desarrolladores inmobiliarios omitir ciertos requisitos de revisión si construyen departamentos en ciudades que no han cumplido con los objetivos de vivienda fijados por el estado. Además, se exige que al menos el 10% de las unidades sean destinadas a familias que ganen el 50% o menos del ingreso promedio local.
Uno de los proyectos más emblemáticos se desarrolla en el barrio de Potrero Hill, en San Francisco. Allí se construirán 425 departamentos, de los cuales una parte será para personas con ingresos de entre el 30% y el 70% del promedio de la zona (entre 41.000 y 95.000 dólares anuales). Las unidades tendrán entre 27 y 37 metros cuadrados, con mobiliario convertible para optimizar el espacio.
La SB 135 no es la única medida impulsada por Newsom. También se han firmado leyes como la AB 2488, que crea distritos de financiación local para vivienda en el centro de San Francisco; la SB 1211, que flexibiliza la construcción de unidades accesorias; y la AB 1228, que establece un salario mínimo de 20 dólares para empleados de comida rápida.
En el ámbito laboral, la SB 1105 otorga a trabajadores agrícolas derecho a ausentarse con goce de sueldo en condiciones de calor extremo o humo de incendios, y la AB 2123 facilita el acceso al permiso familiar retribuido sin necesidad de agotar vacaciones. En materia de seguridad, Newsom firmó once leyes para endurecer penas por robos, incluyendo la SB 905 y la AB 1779, que agilizan la persecución de estos delitos.
En educación, la AB 1780 prohíbe desde septiembre de 2025 que universidades públicas y privadas con fondos estatales otorguen admisión preferencial por legados o donaciones. También la AB 1955 impide que los distritos escolares revelen cambios de identidad de género de alumnos sin su consentimiento.
Estas medidas forman parte de una reforma presupuestaria que prioriza educación preescolar universal, cobertura de salud para inmigrantes y comunidades vulnerables, e inversiones en infraestructura y transporte, según el sitio oficial del gobierno estatal.