El Buró Federal de Investigaciones amplió el acceso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración a sus registros penales, en línea con las directrices del presidente Donald Trump. La medida busca reforzar los controles de seguridad sobre los migrantes, afectando solicitudes de asilo, residencia y ciudadanía.
Con el objetivo de cumplir las directrices del presidente Donald Trump, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) amplió el acceso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a sus bases de datos. La medida busca reforzar los controles de seguridad sobre los migrantes mediante un mayor intercambio de información entre ambas agencias.
Según CBS News, una orden reciente de la administración Trump instruyó al Departamento de Justicia (DOJ), que supervisa al FBI, a proporcionar al USCIS acceso a su base de datos de antecedentes penales “en la máxima medida permitida por la ley”. Las revisiones más estrictas se aplican a solicitudes de diferentes beneficios migratorios, incluidos el asilo, las tarjetas de residencia y la ciudadanía estadounidense.
Los documentos indican que se ordenó a los funcionarios que se abstengan de aprobar cualquier caso pendiente que no haya sido sometido a las verificaciones de antecedentes ampliadas. Las directrices internas muestran que los controles reforzados afectarán principalmente a solicitudes pendientes de beneficios que requieren la toma de huellas dactilares. Además, se aplicarán también a las peticiones de patrocinio presentadas en nombre de familiares o inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
En diálogo con CBS, Zach Kahler, portavoz del USCIS, indicó que la agencia estaba “implementando nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y el examen de los solicitantes mediante un mayor acceso a las bases de datos penales federales”, en alusión a la nueva colaboración con el FBI. No obstante, añadió que “cualquier demora en la emisión de la decisión debería ser breve y resolverse pronto”.
Ante la reciente modificación del proceso de revisión de solicitudes, los extranjeros que tengan casos pendientes podrían ser citados nuevamente por las autoridades. Según expresó el abogado de inmigración Jaime Barrón en diálogo con CNN, los funcionarios podrían llamar a ciertos peticionarios para una nueva toma de huellas dactilares.
Hay algunos migrantes que podrían perder su permiso para estar legalmente en territorio estadounidense porque su renovación está en proceso y les quedan pocos meses para conseguirla. En este caso, podrían verse obligados a salir del país. Luego, sus empleadores tendrían que pagar una nueva tarifa de US$100 mil asociada con la visa de trabajo H-1B, de acuerdo con su análisis.
El abogado advirtió que, como parte del refuerzo de los controles de seguridad, los agentes pondrán especial énfasis en la revisión de las redes sociales. “El Gobierno tiene una discreción inapelable sobre a quién le otorgan una visa, sobre todo de turista. Lo que están haciendo es pedir que hagan públicas sus redes sociales para indagar en ellas por medio de inteligencia artificial, para ver si encuentran algo que consideren problemático”, afirmó.