A partir de investigaciones judiciales, se estima que el negocio de la piratería audiovisual tiene 8 millones de suscriptores que pagan por el servicio en Argentina y otros países de la región.
Se estima que es un negocio que tiene 8 millones de suscriptores y mueve sumas millonarias en la Argentina y en otros países de la región. Se trata de los denominados TV Boxes, cargados con aplicaciones ilegales utilizadas para acceder sin autorización a señales premium que transmiten eventos deportivos, películas, series y contenidos de plataformas de streaming.
Primero, los dispositivos se conocieron como Magis TV, que llegó a tener 55 millones de visitas en su sitio web desde la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, en septiembre de 2024, el juez de Garantías Esteban Rossignoli ordenó su bloqueo.
Tras un rebranding, el servicio de piratería audiovisual pasó a llamarse XuperTV y siguió operando en la Argentina y en otros países de la región. En las últimas horas, tras operativos hechos por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la policía bonaerense y de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad se secuestraron 10.000 dispositivos que estaban a la venta y en depósitos.
Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La investigación, donde se hace referencia a “una extensa red de comercialización ilegal”, está a cargo de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro y a cargo de la Ufeic.
“La aplicación [XuperTV] infringe la ley de propiedad intelectual, dado que no posee derechos ni permisos para transmitir ningún contenido, como ser partidos de fútbol cuyos derechos de retransmisión son propiedad de empresas como ESPN y Disney”, sostuvo el fiscal Ferrari en el dictamen donde solicitó los allanamientos de cinco comercios situados en la provincia de Buenos Aires.
El representante del Ministerio Público también explicó: “Se ha podido corroborar que, en algunos casos, los propietarios de dichos locales han adquirido los dispositivos en distintos comercios situados en la zona de Once, en la ciudad de Buenos Aires, donde incluso son ofrecidos a precios mayorista para favorecer su reventa”.
La denuncia que dio origen a la investigación fue hecha por representantes de empresas damnificadas por la piratería audiovisual.
Con los detectives policiales y judiciales colaboraron la denominada Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza), integrada por proveedores de contenido, canales de televisión de cable, proveedores de tecnología y asociaciones de la industria, Mercado Libre, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y Laliga de España, según se informó en un comunicado de prensa.
“La piratería audiovisual no es un delito menor ni una práctica aislada: se demuestra una vez más que se trata de crimen organizado, con logística internacional, financiamiento y capacidad de daño sobre toda la industria. Además, estos dispositivos y aplicaciones ilegales ponen en riesgo directo a los usuarios, con uso de sus datos, sus dispositivos y su seguridad digital”, sostuvo Javier Tebas, presidente de LaLiga, en el citado comunicado de prensa.
Según fuentes al tanto de los allanamientos, la investigación permitió identificar más de 500 vendedores de dispositivos ilegales en el país.