La Fiscalía General de la República (FGR) logró revertir la prisión domiciliaria de Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital, quien deberá regresar al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 “Altiplano”, en el Estado de México, bajo prisión preventiva justificada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión fue adoptada por una jueza federal tras una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el 14 de julio en el Centro de Justicia Federal del Altiplano. Minero Alonso, de 35 años, permanecía desde finales de 2025 en su departamento en la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, luego de que en octubre de ese año una jueza había autorizado que cumpliera la prisión preventiva en su domicilio.
Antecedentes del arresto domiciliario
El argumento central de la defensa para obtener el cambio de lugar de reclusión fue que Minero Alonso no recibía el tratamiento adecuado para su problema de hipertensión dentro del penal. Con base en esa hipótesis de enfermedad grave, la jueza federal había modificado en octubre de 2025 el lugar de ejecución de la prisión preventiva justificada al domicilio del imputado. Junto con esa medida, se impusieron condiciones adicionales: prohibición de salir del país, localizador electrónico, vigilancia fija a cargo de la Guardia Nacional (GN) y una garantía económica.
Resolución de la jueza
En la audiencia del 14 de julio, los fiscales federales y representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron nuevos argumentos para solicitar el reingreso de Minero Alonso a prisión. Entre ellos, que la instalación residencial no garantizaba la imposibilidad de fuga y que el estado de salud del imputado podía atenderse desde el interior del penal. Con ese razonamiento, la jueza concluyó que ya no se actualizaba la excepción prevista en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales para suspender la aplicación de la prisión preventiva y dio instrucciones a la GN para que el imputado fuera trasladado de vuelta al penal federal de alta seguridad del Altiplano.
Quejas vecinales e investigación interna
Además, desde el condominio ubicado en el número 30 de la calle Sierra Guadarrama, los residentes del edificio promovieron recursos legales afirmando que una instalación habitacional no era el lugar adecuado para la medida otorgada al imputado. La propia GN emitió oficios en los que reconoció que el edificio no reunía las condiciones necesarias para el resguardo. Ante esa situación, la FGR abrió una investigación interna por presuntas negligencias y actos de corrupción de las fiscales originalmente a cargo del caso, a quienes sustituyó por un nuevo equipo. Ese equipo documentó los riesgos, revisó la situación de reclusión de Minero Alonso y solicitó formalmente la audiencia de revisión de medidas cautelares.
Origen de la investigación
La causa penal contra Minero Alonso tiene sus raíces en una denuncia presentada por la UIF en 2022. Según el comunicado de la FGR, entre 2018 y 2022, el imputado y otros investigados habrían utilizado tres personas morales como fachada para dispersar y triangular recursos de origen presumiblemente ilícito. La investigación involucra también a otras personas físicas. En su audiencia inicial de mayo de 2025, la FGR expuso que Minero Alonso lavó dinero del Cártel del Norte del Valle y del Cártel de Cali, ambas organizaciones colombianas vinculadas a la figura de Eduard Fernando Giraldo, alias “El Boliqueso”, uno de los narcotraficantes más buscados en Colombia al momento de su detención en la Ciudad de México. El monto del presunto lavado de dinero asciende a al menos 15 mil millones de pesos.
El proceso penal bajo la causa 341/2024 sigue en curso y avanza hacia la etapa de juicio, con independencia del cambio en el lugar de ejecución de la prisión preventiva.
Cargos en Estados Unidos y posible extradición
El expediente de Minero Alonso no se limita a México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en su contra ante una corte federal en Florida en una acusación fechada en septiembre de 2025 y desclasificada en enero de 2026. Según esa acusación, Juan “N” habría participado en un esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas y otros instrumentos financieros, en el que también resultaron estafadas 450 personas que invirtieron cerca de USD 18 millones con promesas de rendimientos que no se materializaron. Los cargos contemplan una pena de hasta 20 años de prisión y una multa no menor a USD 550 mil en caso de condena.