Entidades de taxis y remises de Mar del Plata señalaron que no fueron convocadas a las reuniones para definir la reglamentación de las aplicaciones de transporte, cuya entrada en vigencia está prevista para septiembre.
Buenos Aires, 30 julio (NA) – Entidades de taxis y remises de Mar del Plata manifestaron su desacuerdo por no haber sido incluidas en las reuniones convocadas por el intendente Agustín Neme para definir la reglamentación de las aplicaciones de transporte. La medida entrará en vigencia el 1° de septiembre.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Pablo Sánchez, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis y de Servitaxi, declaró que el Ejecutivo convocó únicamente a un sector sindical y a representantes de las plataformas. Sánchez sostuvo que la reunión debió incluir a todas las organizaciones con representación comprobable entre taxistas, remiseros y trabajadores del sector.
El planteo se produjo después de que Neme recibiera en su despacho a integrantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y a representantes de aplicaciones para avanzar en el diseño operativo de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante. Durante el encuentro se trataron el padrón de conductores y vehículos, la licencia profesional, el certificado de antecedentes, la identificación exterior de los autos y el límite de quince años de antigüedad. También se analizó el procedimiento de inscripción de las empresas en el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad.
La ordenanza abrirá un plazo para que Uber, Cabify, DiDi y otras plataformas se adapten a las exigencias locales. La reglamentación establecerá cómo se controlarán los requisitos, qué información deberá aportar cada empresa y qué organismo municipal verificará a los conductores.
El cuestionamiento de Sánchez se centró en que la reunión fue realizada con sectores afines. El Municipio no publicó previamente una convocatoria abierta, un listado de asistentes, una agenda de trabajo ni las actas de las reuniones.
El texto aprobado dispone que las empresas mantendrán responsabilidad sobre el registro de sus choferes. En el Concejo Deliberante todavía se discute un régimen específico de penalidades.
El Ejecutivo deberá informar qué entidades fueron invitadas, bajo qué criterio se seleccionaron y si habilitará una instancia pública antes de firmar la reglamentación definitiva. También tendrá que precisar quién verificará antecedentes, licencias, seguros, revisiones técnicas y antigüedad de los vehículos, además de establecer mecanismos para recibir denuncias de pasajeros y trabajadores.
La próxima etapa será la publicación del decreto reglamentario. Hasta entonces, las entidades excluidas reclaman participar antes de que las condiciones queden cerradas.