La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de sus abogados, presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para impugnar su condena en la causa Vialidad. El escrito sostiene que hubo parcialidad judicial y violación del debido proceso. La medida se da en un contexto de análisis sobre su posible candidatura en 2027.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante sus abogados, presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para impugnar la condena dictada en su contra en la causa Vialidad, que la inhabilitó para ejercer cargos públicos. El escrito, de carácter voluminoso, sostiene que la justicia fue parcial, que se vulneró el debido proceso y que la exmandataria es objeto de persecución y proscripción.
La presentación se realizó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y no ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según fuentes judiciales y del derecho consultadas, la vía elegida es más rápida para obtener un pronunciamiento y los requisitos de prueba son menos estrictos, dado que se trata de un órgano de carácter político.
La decisión de recurrir a la ONU generó un debate en el equipo asesor de la expresidenta sobre si la defensa debe ser meramente jurídica o incluir una dimensión política. La denuncia se inscribe en la línea argumental del “lawfare”, que la exmandataria ha utilizado en ocasiones anteriores.
En el ámbito judicial, la Cámara de Casación Penal ratificó la condena y la Corte Suprema denegó un recurso de queja, por lo que la sentencia quedó firme. Las conclusiones del Comité de la ONU no son vinculantes, es decir, su cumplimiento es optativo.
El caso de la expresidenta fue comparado con el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue condenado y luego liberado por orden del Supremo Tribunal Federal, que anuló el proceso por irregularidades. En el caso argentino, no se observan señales de que los tribunales puedan revertir la condena.
En el plano político, la presentación ante la ONU fue respaldada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Otros dirigentes peronistas, como Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, no se pronunciaron al respecto. La iniciativa es considerada por el cristinismo como una acción política para recuperar centralidad en el peronismo y ordenar la interna, en un contexto de disputas con Kicillof.
Uno de los nuevos abogados de la expresidenta, el español Javier Borrego, señaló que ella podría presentarse a las PASO porque está inhabilitada para ejercer cargos públicos pero no para ser candidata. No obstante, el Código Penal argentino, en su artículo 19, establece que la inhabilitación incluye la imposibilidad de ejercer el derecho electoral. Cerca de la expresidenta se evalúa la posibilidad de inscribir su nombre como candidata en las PASO, aunque se da por descontado que la justicia lo impediría.
El presidente Javier Milei, en una cadena nacional, se refirió a la expresidenta como responsable de la “estafa” en la reforma del Banco Central y del “robo” por la transferencia de reservas al Tesoro, y la mencionó como “condenada por delitos de corrupción”.