Una jueza federal en California dictaminó que el gobierno de Estados Unidos no puede deportar a no ciudadanos por ejercer su libertad de expresión, en un caso presentado por el periódico estudiantil de la Universidad de Stanford.
San José, California, EE.UU. — La jueza federal Noël Wise emitió un fallo el viernes en el que determinó que el gobierno del presidente Donald Trump no puede deportar a estudiantes internacionales por expresar críticas a Israel o apoyo a los palestinos, al considerar que estas acciones violan la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La decisión responde a una demanda presentada por el periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, que argumentó que algunos estudiantes internacionales tenían temor de pronunciarse debido a la amenaza de deportación. La jueza Wise citó la importancia de la libertad de expresión y de prensa como elementos fundamentales para la democracia.
El fallo se apoya en las conclusiones de un juez federal de distrito en Boston, quien hace casi un año determinó que el gobierno violó la Constitución al apuntar a no ciudadanos para deportarlos únicamente por apoyar a los palestinos y criticar a Israel.
La jueza Wise anuló partes de las disposiciones que sigue el gobierno federal en materia de deportaciones, señalando fallas relacionadas con la libertad de expresión y la imprecisión de las normas. En su escrito, mencionó represalias ejercidas en marzo de 2025 por las autoridades migratorias contra personas que participaron en expresiones de apoyo a los palestinos y en contra de las acciones de Israel, así como represalias contra quienes criticaron a Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, después de su asesinato en septiembre pasado.
“Mañana, o quizá incluso hoy, el objetivo podría ser cualquier persona en Estados Unidos que ejerza su libertad de expresión para simplemente manifestar opiniones que al gobierno no le gustan”, afirmó la jueza en San José. “Esta espiral descendente es antitética a nuestra Constitución, que reconoce nuestro derecho a hablar libremente. Aquí se puede odiar simultáneamente el contenido del discurso de una persona y amar al país que aprecia la libertad de permitirlo. La protección celosa de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión es una demostración provocadora de la poderosa ausencia de miedo de nuestro país”.
Hasta el sábado, el Departamento de Justicia no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la decisión.
Conor Fitzpatrick, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, que presentó la demanda, declaró en un comunicado: “En Estados Unidos, la libertad de expresión no les pertenece solo a las personas que dicen cosas con las que el gobierno está de acuerdo”.