Los abogados Luis Goldín y Fernando Muriel, que representaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, reclaman el pago de honorarios por casi diez millones de dólares, tras la caducidad de la acción civil.
La causa Vialidad, que mantiene bajo prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha generado un reclamo de honorarios por parte de sus abogados en la rama civil. Los letrados Luis Goldín y Fernando Muriel solicitan que el Estado abone aproximadamente 10 millones de dólares por sus servicios profesionales.
El reclamo se basa en que la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia civil, luego de que Vialidad Nacional no continuara con el reclamo iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández. En consecuencia, los honorarios de los abogados quedaron a cargo de la parte que perdió el juicio, es decir, el Estado.
En total, se reclaman unos 13.614 millones de pesos para doce letrados que representaron a distintos exfuncionarios acusados en la causa. Vialidad Nacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre el caso. La Cámara Civil y Comercial Federal congeló el pago hasta que la Corte se expida.
Ante esta situación, Goldín y Muriel presentaron una denuncia ante la Corte Suprema por «privación de justicia» y solicitaron la anulación de la decisión de la Cámara para destrabar el cobro de sus honorarios. De prosperar, implicaría un desembolso significativo para el Estado.
En paralelo, la Justicia no ha logrado decomisar hasta el momento los 587 millones de dólares que la expresidenta debe pagar por su condena.
Perfil de los abogados
Luis Joel Goldin, de 37 años, lidera el estudio LG Lawyers Consulting. Según su sitio institucional, se especializa en asuntos civiles y comerciales y en litigios complejos. En 2023 publicó el libro «Corte Suprema de Justicia de la Nación: Estructura e ineficiencias» a través de la editorial Dunken, basado en una tesis de 2020. Goldin se graduó en la Universidad Nacional de Buenos Aires, se especializó en Cuantificación de daños y Finanzas ejecutivas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y cursó una maestría en Derecho y economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Es docente en la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, donde dirige la Cátedra de Contratos Civiles y Comerciales. Además, es propietario parcial de la empresa Zhilong S.A., constituida el 13 de julio de 2026, cuyas actividades incluyen comercialización de vehículos, servicios de publicidad, marketing, servicios financieros y gestoría, entre otras.
Fernando Muriel, por su parte, es parte del Frente de Abogados Populares, una organización política, gremial y universitaria que nuclea a letrados identificados con el campo nacional, popular y la justicia social. Se desempeñó como vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) durante el gobierno de Alberto Fernández.