Los diputados provinciales Santiago Pérez Pons, Nicolás Slimel y Sebastián Benítez Molas presentaron una denuncia penal por una contratación destinada a la Administración Tributaria Provincial (ATP) de Chaco, que habría implicado desembolsos por $1.887 millones a través de la empresa estatal ECOM Chaco.
Los diputados provinciales Santiago Pérez Pons, Nicolás Slimel y Sebastián Benítez Molas presentaron y ratificaron una denuncia penal por una contratación destinada a la Administración Tributaria Provincial (ATP) de Chaco. Según la denuncia, se habrían desembolsado $1.887 millones en tres pagos de $629 millones a través de la empresa estatal ECOM Chaco.
La presentación busca determinar si el mecanismo utilizado permitió eludir las reglas que rigen las contrataciones públicas. También solicita investigar la eventual responsabilidad de la administradora general del organismo, Bibiana Massiel Kuncheff, y del ministro de Hacienda y Finanzas, José Alejandro Abraam.
La denuncia pide al Ministerio Público reconstruir la operatoria, establecer quién tomó las decisiones y determinar qué procedimiento se utilizó. El interrogante central es por qué una prestación destinada materialmente a la ATP habría sido canalizada mediante ECOM Chaco S.A. y luego hacia un proveedor privado.
Tres pagos y una contratación bajo investigación
La documentación incorporada identifica tres actuaciones administrativas correspondientes a cuotas de $629 millones. Según la denuncia, los fondos salieron de la ATP y ECOM aparece como beneficiaria de las órdenes de pago por servicios de consultoría y asesoría. Los legisladores piden determinar quién fue finalmente contratado por la empresa estatal, cómo fue seleccionado, qué trabajos realizó y cuál fue el destino completo del dinero.
Uno de los documentos aportados es la Orden de Pago N° 74238, por $629 millones. Allí figura ECOM Chaco como beneficiaria, con un líquido de $618.604.649,19 después de retenciones. El gasto fue afectado presupuestariamente a la partida “De informática y sistemas computarizados”, mientras que la glosa consigna “Servicio de consultoría cuota 3/3-ECOM Chaco”.
Esa diferencia es uno de los elementos que los denunciantes pretenden que sea analizado. La presentación solicita establecer si existió una reasignación presupuestaria válida o si corresponde investigar una eventual malversación de caudales públicos. También propone, como hipótesis jurídicas sujetas a prueba, posibles figuras de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, omisión de actos de oficio, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y peculado, además de una línea complementaria sobre enriquecimiento ilícito.
El concurso posterior que quedó bajo la lupa
La denuncia incorpora además un hecho posterior: el Concurso Público N° 01/2026 de Fiduciaria del Norte, cuya apertura de ofertas se realizó el 31 de agosto y que prevé contratar por 48 meses una consultoría integral para sistemas y procesos tributarios de la ATP. Los legisladores pidieron investigar si existe una continuidad entre el diagnóstico pagado previamente y el pliego utilizado para este nuevo procedimiento.
Según el comunicado difundido por Pérez Pons, la propuesta económica más baja ronda los $653 millones mensuales, lo que representaría aproximadamente $31.340 millones durante los cuatro años. El legislador sostiene además que partes del pliego coinciden con un informe previo y señala que en sus anexos aparece la sigla “ATS”, mientras ATS Sistemas y Gestión S.A. figura entre las empresas vinculadas al nuevo concurso. La propia denuncia pide que ese punto sea acreditado con el acta de apertura, las ofertas y la documentación societaria antes de extraer conclusiones.
“Le pagaron para que escriba el informe, con ese informe escribieron el pliego, y ahora la dejan competir por el contrato. Mientras tanto le entregan los datos fiscales de los contribuyentes a una empresa privada por cuatro años. Que no adjudiquen nada hasta que esto se explique”, cuestionó Pérez Pons en el comunicado. Según esa misma información, el concurso todavía no fue adjudicado ni existe un contrato firmado.
Qué medidas pidieron a la Justicia
Entre las medidas solicitadas se encuentran la remisión completa de los expedientes de ATP y ECOM Chaco, la identificación de los proveedores finales, las facturas y transferencias correspondientes a los tres desembolsos, informes de Contaduría General, Tesorería y Tribunal de Cuentas y una pericia contable para reconstruir el circuito de los aproximadamente $1.800 millones. También pidieron una pericia informática para determinar si empresas privadas tuvieron acceso a sistemas, usuarios o información tributaria.
Los denunciantes reclamaron además la preservación de correos electrónicos y registros digitales y que Fiduciaria del Norte entregue íntegramente el expediente del Concurso Público N° 01/2026, incluidos el diagnóstico utilizado como antecedente, las ofertas, documentación societaria y declaraciones de beneficiarios finales. El petitorio termina solicitando que se establezca si la intermediación de ECOM fue jurídicamente legítima o si permitió evitar normas provinciales de contratación y control.
En paralelo, Pérez Pons contrapuso el monto de las contrataciones con las necesidades de la administración tributaria: “En la ATP no hay insumos ni equipamiento para trabajar. Los trabajadores sostienen la recaudación de la Provincia con lo que consiguen. Pero para consultoras privadas de Buenos Aires siempre aparece la plata: ya van 1.887 millones y ahora quieren 653 millones por mes”, afirmó.