Una jueza federal retirada afirmó que el gobierno mexicano concentra sus esfuerzos en perseguir a jueces y magistrados, mientras el país enfrenta altos índices de violencia, desapariciones e impunidad.
La jueza de distrito en retiro María del Socorro López Villarreal, integrante de la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) y del Observatorio de la Justicia, sostuvo que el gobierno federal ha dirigido su poder contra los juzgadores en lugar de combatir la inseguridad.
López Villarreal declaró que se ha difundido la idea de que desmantelar la estructura del Poder Judicial de la Federación y cesar a jueces y magistrados de carrera reduciría la impunidad y la delincuencia, pero afirmó que la realidad es otra. Señaló que madres buscadoras excavan la tierra en busca de sus hijos y suplican ser recibidas por la presidenta, pese a que el Estado tiene la obligación de brindar seguridad y localizar a los desaparecidos.
La jueza mencionó el caso de una periodista secuestrada y asesinada, cuyos presuntos responsables eran agentes del orden. También se refirió a periodistas y comunicadores desaparecidos y hallados sin vida, muchos de ellos, según notas periodísticas, torturados, y señaló que antes de sus desapariciones habían denunciado a alguien o ventilado asuntos del gobierno.
López Villarreal indicó que el poder del Estado está dedicado a perseguir a jueces y magistrados que resolvieron conforme a la Constitución, las leyes, la jurisprudencia y la convencionalidad. Afirmó que la fuerza pública debería usarse para proteger a la ciudadanía, pero que se ha empleado para reprimir a quienes se oponen a la destrucción de la división de poderes y la independencia judicial.
La jueza retirada sostuvo que el principal enemigo del gobierno no es la delincuencia organizada ni la inseguridad, sino los mexicanos que exigen justicia y los jueces que protegen a los ciudadanos de la arbitrariedad. Agregó que los enemigos del gobierno son quienes hablan con verdad, exigen el cumplimiento de la ley, disienten de las políticas públicas y expresan inconformidad.
López Villarreal enumeró una serie de preguntas sobre la gestión gubernamental: si las muertes durante la pandemia por políticas erróneas y promesas de vacunas no cumplidas constituyen una tragedia humana cuyas responsabilidades deben esclarecerse; si la falta de tratamientos y medicamentos en hospitales públicos por falta de presupuesto aumenta las tasas de mortalidad; y si el actuar del gobierno se asemeja al de las dictaduras, que persiguen y reprimen a opositores y a poderes judiciales independientes.
La jueza reflexionó que ninguna dictadura o gobierno con esos tintes es eterno, y que la historia documenta que tarde o temprano todos han caído, y que los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y otras graves violaciones han sido perseguidos y castigados, incluso décadas después y por gobiernos extranjeros bajo el principio de jurisdicción universal.
López Villarreal señaló que México no es idéntico a otros casos, pero que la experiencia comparada invita a reflexionar sobre el valor de los contrapesos institucionales, la independencia judicial y la rendición de cuentas. Afirmó que cuando un Estado debilita esos mecanismos y comete violaciones graves al orden jurídico, la responsabilidad de quienes participaron, ordenaron, ejecutaron o encubrieron esos actos puede trascender el tiempo y las fronteras.
Concluyó que la fuerza del Estado debería dirigirse a combatir la violencia, proteger periodistas, encontrar desaparecidos, investigar redes criminales y garantizar seguridad, no a intimidar juzgadores. Sostuvo que la justicia constitucional no puede convertirse en delito político, y que quienes pretenden castigar a jueces y magistrados por cumplir su función deberían recordar que el poder es temporal, pero la responsabilidad institucional permanece.