Un análisis de los hechos y datos verificables sobre la discriminación en Argentina y otros países, a raíz del debate generado después del Mundial de fútbol.
El debate sobre la discriminación en Argentina, desatado después del Mundial de fútbol, se ha caracterizado por posturas enfrentadas y un intercambio de acusaciones. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los 193 Estados miembros recibieron recomendaciones para combatir la discriminación en sus respectivos países, según el Examen Periódico Universal (EPU).
En Argentina, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) elaboró un Mapa Nacional de la Discriminación, basado en una muestra de 11.700 personas, que indicó que el 93% de los encuestados consideraba que en el país se discriminaba mucho o bastante, y el 72% afirmó haber sufrido alguna forma de discriminación.
El Estado argentino reconoció la existencia de discriminación estructural y la utilización de perfiles raciales contra afrodescendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acosta Martínez (2020). La Corte declaró a Argentina responsable por la detención discriminatoria y posterior muerte de un ciudadano uruguayo afrodescendiente, y ordenó capacitar a las fuerzas de seguridad. En 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) constató que esa orden seguía sin cumplirse.
En el ámbito deportivo, la CONMEBOL sancionó a Racing Club en 2023 por gestos racistas de sus fanáticos, y en años previos aplicó sanciones a River, Boca e Independiente por hechos similares. En marzo de 2025, un hincha argentino realizó gestos racistas hacia el público brasileño.
El Gobierno argentino, en el marco de su gestión, decidió cerrar el INADI y el Ministerio de las Mujeres, presentando la medida como el desmantelamiento de «antros de persecución ideológica».
En otros países, se registran casos similares. En España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró en 2009 que la Guardia Civil había detenido a una ciudadana española por sus rasgos físicos, calificando el control de discriminatorio. En 2020, el EPU señaló a España por la misma práctica, y en 2024, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Afrodescendientes calificó la identificación por perfil racial como una práctica «endémica» en el país.
En el Reino Unido, el CERD examinó al país en agosto de 2024, en el contexto de disturbios raciales posteriores al asesinato de tres niñas en Southport, e instó al gobierno a cumplir recomendaciones pendientes sobre el caso de la generación Windrush, donde cientos de personas de origen caribeño fueron detenidas o deportadas pese a tener derecho a residir en el país.
En Francia, el Consejo de Estado reconoció en octubre de 2023 que los controles de identidad discriminatorios no eran casos aislados. En 2024, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló a Francia por la persistencia de esa práctica, y en junio de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia por el uso de perfiles raciales en un control de identidad.