El oficialismo busca dictaminar este miércoles en un plenario de comisiones, pero el antecedente del ex jefe de Gabinete genera resistencias en la oposición.
Buenos Aires, 11 de agosto (NA) — La negociación del nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados enfrenta demoras debido al antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se acogió al régimen simplificado de Ganancias habilitado para funcionarios públicos. Según fuentes parlamentarias, esa situación constituye la principal traba para alcanzar acuerdos.
Desde el oficialismo no descartan la posibilidad de dictaminar este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que está convocado para las 11 en el anexo C de la Cámara baja. Altas fuentes del bloque de La Libertad Avanza confirmaron que esa es la intención, aunque reconocen las resistencias que genera la habilitación de funcionarios públicos en la letra de la ley.
El oficialismo prevé abrir el recinto el 19 de agosto, aunque en las últimas horas se mencionó con más fuerza la fecha del 26 de agosto para tratar la Inocencia Fiscal junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El miércoles pasado, en una reunión informativa del plenario de comisiones, funcionarios del Ministerio de Economía defendieron el nuevo proyecto, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y busca fomentar la incorporación de ahorros informales al circuito económico formal. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu; y el director del Banco Central Martín Vauthier explicaron detalles técnicos y alcances de la actualización de la ley, que incorpora cambios del decreto reglamentario de la norma original.
Desde la oposición, se cuestionó que la norma alienta la evasión impositiva y que constituye un «blanqueo permanente» que favorecerá a funcionarios públicos, quienes no están excluidos del régimen de Inocencia Fiscal. En respuesta, Balestrini afirmó: «Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada». Agregó que los funcionarios públicos seguirán obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción. También sostuvo que la iniciativa «no renuncia a la fiscalización» y «no anula la ley antilavado ni la antievasión».
Imirizaldu indicó que «no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado» y que las personas humanas deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos. Por su parte, Vauthier estimó que el stock de billetes en moneda extranjera fuera del sistema financiero asciende a «aproximadamente 170 mil millones de dólares», y señaló que «probablemente eso sea un piso». Comparó esa cifra con los depósitos privados en moneda extranjera, que superan los 40 mil millones de dólares, y afirmó: «Estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto es un número enorme y obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad».
La ley de Inocencia Fiscal quedó bajo escrutinio luego de que el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaran su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) días antes de su salida del cargo, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.