El máximo tribunal de Estados Unidos resolverá sobre el Estatus de Protección Temporal para venezolanos, mientras legisladores de Florida manifiestan posturas divergentes respecto a la política migratoria del gobierno.
La Corte Suprema de Estados Unidos definirá el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, en un contexto de diferencias públicas entre el presidente Donald Trump y legisladores republicanos de Florida respecto a la política migratoria.
Los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, junto a Carlos Giménez, solicitaron desde 2025 medidas de amparo para venezolanos que abandonaron su país. En una declaración conjunta del 29 de enero de 2025, los tres legisladores afirmaron que muchos venezolanos se habían integrado a sus comunidades, respetaban la ley y contribuían al país. Asimismo, sostuvieron que para muchos aún no era seguro regresar y que harían «todo lo posible» por proteger a quienes escapaban de la persecución.
El 21 de mayo de 2025, tras una decisión de la Corte Suprema sobre el TPS venezolano, los legisladores emitieron un nuevo pronunciamiento conjunto en el que plantearon que las personas con alegaciones legítimas de persecución merecían una revisión caso por caso y buscaron una reunión con la administración para discutir una solución más permanente.
El 17 de septiembre de 2026, Salazar modificó su postura y, en un anuncio dirigido a Trump, declaró que «los mismos hispanos» que contribuyeron a su victoria de 2024 hoy «se sienten traicionados». La congresista no solicitó una amnistía general y apeló al presidente para que modificara el rumbo de la política migratoria. Por su parte, Díaz-Balart manifestó que llevaba meses enviando ese mensaje al gobierno y que debía existir «una mejor manera» de actuar.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó la idea de una amnistía y afirmó que continuaría aplicando la ley. Trump discrepó de Salazar sobre la frontera, pero declaró que seguía apoyando su reelección: «No estoy de acuerdo con ella», sostuvo desde el Salón Oval. Días más tarde, la congresista describió una conversación telefónica con él como receptiva, aunque no anunció un cambio concreto en la política migratoria.
La situación tiene especial impacto en Doral, ciudad con una numerosa comunidad venezolana ubicada en el distrito de Díaz-Balart. Según documentó Axios, la pérdida de autorizaciones de trabajo y el temor a las detenciones afectaron a residentes y comercios locales. La alcaldesa republicana de Doral, Christi Fraga, también cuestionó la forma en que se ejecutan los operativos.
Un análisis de Pew Research Center, basado principalmente en datos federales, indicó que las medidas de la administración afectaron a más de 615.000 venezolanos con TPS en Estados Unidos, considerando las dos designaciones del programa.
El sábado 26 de septiembre, Trump difundió críticas contra la congresista María Elvira Salazar después de que ella cuestionara sus medidas de control migratorio. En varias publicaciones seguidas, el mandatario le apuntó directamente. Más tarde, la congresista habló a Telemundo y minimizó el enfrentamiento con el presidente.