La gobernadora Mikie Sherrill afirmó que la decisión judicial desestimó el recurso de la administración federal contra la Orden Ejecutiva 12, que restringe el acceso de agentes del ICE a propiedades estatales.
La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, emitió un comunicado oficial el 4 de septiembre tras la decisión de un tribunal de distrito de Estados Unidos que desestimó la demanda de la administración de Donald Trump contra la Orden Ejecutiva 12, firmada en febrero de 2026.
Sherrill declaró: “El ICE no hace que las comunidades de Nueva Jersey sean más seguras; por eso firmé una orden ejecutiva que restringe el acceso de sus agentes no capacitados a propiedades estatales privadas”. La mandataria agregó: “Una vez más, Trump intentó detenernos, y una vez más, ganamos”.
La Orden Ejecutiva 12 impide que las agencias estatales autoricen el acceso de agentes federales de inmigración a áreas no públicas de propiedades estatales para tareas de control migratorio civil, salvo que exista una orden judicial o se aplique alguna de las excepciones previstas. Según New Jersey Monitor, la disposición también prohíbe, con determinadas excepciones, utilizar propiedades estatales como zonas de preparación, procesamiento o bases de operaciones de control migratorio civil. La norma delimita el alcance del poder estatal sobre sus propios inmuebles sin interferir en las competencias federales. Bajo este marco regulatorio, el Estado actúa en su condición de propietario inmobiliario para restringir el ingreso de personal externo a sus dependencias.
La administración de Trump presentó la demanda judicial en febrero de 2026 con el argumento de que la orden ejecutiva violaba la ley federal. El gobierno federal alegó que la medida discriminaba a los agentes de inmigración e intentaba regular al ejecutivo nacional.
La jueza Georgette Castner determinó que las leyes federales citadas por el gobierno no imponen a las autoridades estatales el deber de cooperar con las fuerzas federales. La magistrada explicó que la ley federal contempla la asistencia de los estados de manera voluntaria. Además, el fallo estableció que obligar a Nueva Jersey a aportar sus recursos para la aplicación de las leyes federales de inmigración vulneraría la doctrina constitucional que impide al gobierno federal imponer esas tareas a los estados.
La resolución del tribunal concluyó que la orden ejecutiva de Nueva Jersey no interfiere con el cumplimiento de las leyes federales de inmigración. Asimismo, confirmó que el gobierno federal no logró demostrar que la orden discriminara a las autoridades federales de inmigración. La jueza resaltó que la orden ejecutiva se aplica a la propiedad estatal en el ejercicio legítimo de los derechos del Estado como propietario.